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Violento We Tripantu

Es indudable que resultaría malintencionado relacionar la conmemoración del año nuevo mapuche (we tripantu) con la ocurrencia de hechos de carácter violento en el sur de nuestro país, sin embargo el incremento de la violencia verificado durante los últimos días evidencia la intención de los grupos violentos de aprovechar de renovar no sólo cierto espíritu festivo, propio de la celebración, sino por el contrario, para renovar sus votos con la lucha contra el Estado, las empresas forestales y contra los mismos mapuches, cuya causa dicen reivindicar.

Aunque para quienes viven en otras regiones el norte y del sur de nuestro país el asalto a transportistas para arrebatarles su carga, destruir el camión quemándolo y utilizarlo como barricada para interrumpir el tránsito, el incendio de escuelas rurales o los ataques a predios forestales y quema de las maquinarias que emplean a cientos de personas, pueda parecer relativamente sorpresivo o “novedoso”, para quienes viven en la zona de la Araucanía se ha convertido en “pan de cada día”.

Para los habitantes nuestro país desde la provincia de Arauco hasta la Región de Los Ríos es habitual conocer, a través de los diarios y noticiarios radiales y televisivos de la zona, antecedentes sobre ataques ocurridos en la jornada anterior, con la esperanza de que aquellos no hayan afectado a “alguien conocido” o a algún sector que suelen frecuentar por razones de trabajo, salud o turismo (o la que fuera), y con el fundado temor de que ello le puede ocurrir a cualquiera.

En este sentido, las circunstancias asociadas a la pandemia que afecta al país y al mundo, que por cierto han calado hondo especialmente en las áreas más pobladas de la zona, cobrando la vida de un número importante de compatriotas, no han incidido en una disminución en la ocurrencia de acciones violentas, sino por el contrario, ellos se han incrementado sustantivamente en los últimos dos meses.

Hacia mediados de marzo, al inicio de la emergencia por el COVID-19 y de la imposición del estado de excepción constitucional, fue posible apreciar cierta merma en el accionar de los grupos violentos, lo que tendió a vincularse en un primer momento con la vigencia del toque de queda, situación que, empero, fue variando con el transcurso de los días, verificándose atentados en contra de propiedad pública y privada en los momentos previos y posteriores a la entrada en vigor de dicha medida. Esto, al menos hasta el lunes 13 de abril.

El ataque a una patrulla de Carabineros y la detonación de un automóvil al sur del puente Lleulleu, en las cercanías de Contulmo, en la ruta que une Cañete con Tirúa, a plena luz del día, reivindicado por una grupo de sujetos que se autodenomina “Resistencia Mapuche Lavkenche”, marcó un punto de inflexión en la forma en que actúan este tipo de agrupaciones no sólo por haber empleado explosivos, en una emboscada diurna, sino especialmente por el desprecio que evidenciaron por quienes se supone quieren beneficiar con sus acciones, en contra de los mismos mapuche, al calificar a los “colaboracionistas” de yanaconas.

Según la Real Academia Española de la lengua, el vocablo “yanacona” es un adjetivo, que también puede usarse como sustantivo, y hace referencia al indio que estaba al servicio personal de los españoles en alguno de los países de la América meridional; una connotación que es eminentemente neutra, muy lejana a la forma en que peyorativamente empezaron a designarse a quienes de alguna forma renegaban de sus raíces indígenas para “someterse” al “yugo” español, y más lejana aún a la que en nuestros días pretende referirse un grupo de insurgentes que utilizan el concepto para fustigar a quienes, según ellos, han traicionado a su pueblo al unirse al huinca y “humillarse” ante él.

Desde la perspectiva descrita, el ataque y posterior reivindicación de la referida agrupación constituyen una suerte de “declaración de guerra” contra el Estado, de la cual el Gobierno, sumido en plena crisis derivada del coronavirus, no ha sabido o no ha querido hacerse cargo.

Desde ese lunes en adelante ha sido posible apreciar una escalada, aparentemente sin fin, de atentados y ataques en contra de las fuerzas policiales, que en la práctica parecieran tener el objeto de apoderarse del sector costero de la provincia de Arauco, interrumpiendo frecuentemente el tránsito por dicho sector y amedrentando al personal que cumple labores en empresas forestales, así como a particulares (huincas y mapuche) que con mucho esfuerzo hacen de su trabajo su vida, que se ven afectados por el accionar de un grupo que se supone defiende sus derechos por la fuerza.

Paralelamente, han continuado ocurriendo acciones de intimidación (sabotaje, según la Coordinadora Arauco Malleco) en contra de propiedad pública, pero especialmente privada, en la ya tradicionalmente denominada “zona roja” (entre Collipulli y Freire), pero con la clara aspiración de expandirse hacia la zona lacustre de Villarrica, al verificarse ataques que pretenderían evitar la construcción de una vía alternativa (segunda vía), que facilite la conectividad y el turismo hacia dicha área, que se ha constituido en el principal sustento de las zonas pobladas de tal sector de la Región.

Es menester reconocer por cierto, que el accionar de la PDI y Carabineros, apoyados por medios materiales y humanos de las FF.AA., ha significado la detención de algunas personas a las que ha sido posible atribuirles participación en hechos de violencia. Sin embargo, aquellos pasan de inmediato a atribuirse la calidad de “presos políticos”, con la clara intención de justificar la comisión de delitos como parte de una reivindicación legítima, y obtener eventuales beneficios penitenciarios en caso de ser condenados, logrando, además, el respaldo y atención de organismos internacionales de distinta índole, que luego reclamarán por los abusos en que supuestamente incurriría el Estado al sancionarlos penalmente.

Asimismo, la reciente detención de un reconocido activista mapuche como parte de una banda de narcotraficantes ha evidenciado la posibilidad de que existan vínculos entre ambos ámbitos, y permite además especular acerca del origen que puede tener parte del armamento que ha sido encontrado por la policía en sus diligencias.

Sin dudas, el denominado “conflicto mapuche” comprende un sinnúmero de factores y variables a considerar, y las distintas administraciones del Estado han ideado, desarrollado e implementado una serie de medidas, que con mayor o menor éxito han intentado abordar las dimensiones económicas, sociales y culturales de tal problemática.

La permanente desidia demostrada por todos los gobiernos en abordar las aristas políticas del tema han dado pie para que el problema se haya territorializado. La imposibilidad de contener el accionar de las agrupaciones violentistas, ya sea por la amplitud de la zona, por la inexistencia de una inteligencia efectiva y eficaz para anticipar acciones violentas, como el eventual temor a que el empleo de todo el poder legal del Estado sea considerado una violación a los derechos fundamentales, no ha hecho más que facilitar la aparición de grupos como los descritos, que tienen en vilo a una parte importante de la población de una región que reclama más seguridad y atención del poder central.

Wiñol Txipantu

Equipo de AN

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