. . .

La ofensiva iniciada desde mediados de la semana pasada por agrupaciones violentistas, desde la provincia de Arauco al sur de nuestro país, tiene en vilo a una parte importante de la población de dicha zona, así como a las fuerzas policiales, que a pesar de redoblar sus esfuerzos para evitar su accionar, ven cómo son sobrepasados por una montonera que reivindica la liberación de los autodenominados presos políticos mapuches.

Lo primero que estimamos necesario aclarar es que esta columna se escribe luego que se ha producido lo que, humildemente, desde estas líneas editoriales pretendíamos anticipar.

Los violentos incidentes de la noche del sábado 1 de agosto y la madrugada del domingo 2, en que grupos de ciudadanos buscaron hacer justicia por propia mano al intentar desalojar los municipios tomados por agrupaciones que pretenden amedrentar al Estado con el objeto de obtener la liberación de los autodenominados “presos políticos mapuches”, son la culminación de un clima de tensión generado a partir del empleo de la violencia como medio legítimo de protesta.

Se escucha a dirigentes de origen mapuche responsabilizar al recientemente asumido Ministro del Interior de provocar esta reacción al haber visitado la zona y llamado a los alcaldes a solicitar el desalojo de sus sedes tomadas desde hace una semana. Sin embargo, al realizar tal denuncia parecen olvidar, casualmente, que la actual espiral de violencia responde a la ofensiva iniciada al menos desde el miércoles pasado por agrupaciones que realizan actos de connotación terrorista en distintos lugares desde la provincia de Arauco al sur. Sobre tales hechos no se ha escuchado condena alguna a la violencia de parte de quienes no pertenecen al oficialismo, lo que permite asumir que están de acuerdo con la forma de demandar una acción de parte del Estado.

Cabe recordar que, la “declaración de guerra” que, según algún parlamentario habría provocado el Ministro Pérez, en definitiva, se remonta al mes de abril, cuando un grupo de encapuchados hicieron explotar un automóvil en una ruta de Arauco, celebrando su reciente creación como agrupación armada. Sólo con el objeto de avalar lo que señalamos enumeremos algunas de las situaciones vividas desde la semana pasada hasta ahora.

  • 27 de julio. Organizaciones indígenas se tomaron los municipios de Victoria, Collipulli, Galvarino, Angol, Curacautín y Traiguén pidiendo libertad a los “presos políticos mapuche”. Toma del Registro Civil de Temuco deja enfrentamientos con Carabineros y 12 detenidos.
  • 29 de julio. Investigan incendio que destruyó dos bodegas en hostería de Collipulli: una tercera terminó afectada, se escucharon disparos luego de originado el siniestro. Comuneros mapuches realizan, sin incidentes, marcha en Temuco en apoyo a machi Celestino Córdova. Comuneros mapuches cortan ruta que une a Temuco con Nueva Imperial, a la altura en el predio Santa Luisa de Forestal Arauco (Cañete); Gobernador de Arauco cifra en cerca de mil millones de pesos las pérdidas por el ataque. Nuevo ataque incendiario en Mulchén: desconocidos quemaron dos camiones forestales.
  • 30 de julio. Desconocidos atacan a balazos fundo Centenario propiedad del padre del director del Registro Civil en La Araucanía; custodia policial repelió en parte el ataque; medios policiales adicionales solicitados no continuaron persecución. Realizan atentado incendiario a instalaciones de la DGAC en Carahue: afectaron radar de navegación de aeropuerto La Araucanía.
  • 31 de julio. Violentos incidentes se produjeron en Temuco en contra de la presencia del Ministro del Interior.

Que ahora parlamentarios aparezcan condenando la violencia, cuando es ejercida, por ciudadanos, en contra de quienes los han violentado previamente, evidencia un doble discurso impresentable. Callar cuando se producen hechos violentos que reivindican supuestos derechos y vociferar en contra de la reacción de ciudadanos (ojo, ciudadanos), no del Estado y su “aparato represivo”, parece insostenible.

Se denuncia además que detrás de la reacción de las personas hay racismo… Lo cierto es que basta recorrer la zona para percibir lo que el ciudadano común percibe respecto de quienes reivindican la causa mapuche. Existe descontento, por no decir resentimiento, en parte de la población que ha observado cómo durante años las reclamaciones de tierras por parte de comunidades mapuche, gran parte de ellas legítimas, se han traducido en beneficios especiales del Estado para aquellos, mientras algunos “huincas” deben subsistir a partir del desarrollo de su propio esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda estatal.

Indignación ha producido también en esa parte de la población al constatar que no pocos de los mapuches beneficiados por la política de entrega de tierras reivindican violentamente el reconocimiento, ahora, del territorio.

Cabe consignar que todo lo reseñado precedentemente no pretende en forma alguna justificar que las personas ejerzan acciones por mano propia, ante la inacción del Estado.

Sin dudas que en todo lo ocurrido hay responsabilidades compartidas. Algunos más otros menos. El Estado claramente ha fallado en entregar seguridad efectiva a la ciudadanía, y ha sido responsable, desde 1990 en adelante, de desarrollar una política asistencialista, de discriminación positiva en favor de las comunidades indígenas, que ha dejado en relativa indefensión a parte importante de la población, que se cansó de verse constantemente perjudicada por la acción de violentistas.

También, cabe precisarlo, hay responsabilidad de las fuerzas de orden y seguridad pública en términos de prevención de los delitos cometidos por grupos violentos. En su favor, sí hay que señalar que la forma en que operan tales agrupaciones aprovecha cierta predictibilidad en los procedimientos de las policías para ejecutar atentados que, por lo demás, son de fácil realización en un territorio vasto.

Asimismo, existen deudas en materia de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad, sin embargo, tales falencias son compartidas con el Estado en la medida que no ha sido capaz de establecer un sistema eficaz en el desarrollo de inteligencia que sea además legítimo; ámbito en el que también es necesario reconocer la existencia de un esfuerzo de algunos sectores por boicotear cualquier intento estatal por establecerlo, como parte de un proceso de deconstrucción social y político.

Independiente de todo lo anterior, la mayor responsabilidad es de quienes ejercen la violencia como medio legítimo para obtener sus objetivos, como de quienes la avalan y hoy aparecen condenándola.

Con todo, se anticipa que el país, en esta materia, vive un momento de inflexión, a partir de lo cual se presumen, al menos, dos cursos probables: el escalamiento de la crisis en el que se harán cada vez más frecuentes los enfrentamientos entre sectores específicos de la población; o, la adopción de una serie de medidas por parte del Gobierno que redunden en la captura de los violentistas y en el estricto cumplimiento del orden institucional del país.

Equipo de AN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *