La semana anterior alertábamos acerca de la imposibilidad, práctica y política, de que el Gobierno promoviera una agenda propia y que, desde noviembre de 2019 en adelante, sólo le resta intentar administrar lo mejor posible lo que queda de aquí a marzo de 2022, lo que coloquialmente se conoce como “salvar los muebles”. Durante los últimos siete días el Ejecutivo no ha hecho nada muy distinto. El problema: la imposibilidad de anticiparse a hechos y circunstancias que se prevé ocurrirán y terminar reaccionando ante todo, por lo general, tarde.

Sentencia previa

La semana se inició de modo favorable para el Gobierno al rechazarse en el Senado la acusación constitucional en contra del ex Ministro del Interior Víctor Pérez, que -de paso- trajo repercusiones políticas ya que en el futuro podrá emplearse en el ámbito público, como por ejemplo, en la directiva de su partido. Sin embargo, algo estaba pendiente: la situación del General Director de Carabineros. Por mucho que después surgieran versiones negándolo, en plena crisis del “caso Pio Nono” (cuya resolución pareciera no ser tan expedita como lo esperaba la fiscal), existieron tratativas por parte de algunos sectores de la oposición con el objeto de condicionar la presentación del recurso en contra de Pérez a la salida de Rozas, que ya auguraban que sería reemplazado en la próxima oportunidad que se presentase.

Está claro que en otras circunstancias un incidente como el vivido en un centro del SENAME podría haber importado significativas consecuencias para el personal policial implicado en el hecho, incluso para sus superiores, pero en ningún caso escalado hasta la máxima autoridad de Carabineros. En otras palabras el General Rozas ya había sido sentenciado. Las conceptuosas palabras del Presidente de la República en la “despedida” del General Director no hicieron más que corroborar lo ya señalado.

Tus 10 y 10 más

Luego de las críticas del oficialismo respecto a la lentitud del Ejecutivo en proponer una alternativa al retiro del segundo 10% de los fondos previsionales, el Ministro Briones presentó un proyecto que, en la práctica, transforma tal porcentaje en un préstamo en la medida que establece la obligación de su devolución. Pero más importante que ello: intenta salvar el sistema de capitalización individual ante la inminente destrucción del sistema por la vía administrativa.

A pesar de que la presentación de la iniciativa gubernamental fue rechazada a priori por la oposición, sí ha promovido que el debate acerca de la moción parlamentaria original pudiera verse modificada en algunos aspectos, especialmente en lo referido al eventual establecimiento de tasas impositivas para restringir el retiro de personas de más altos ingresos.

Sin embargo, se estima que la formalización del anuncio presidencial respecto de presentar una reserva de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional no sólo significará el retorno de los caceroleos y de las manifestaciones de descontento contra Piñera, sino que también cerrará la puerta a la aprobación de modificaciones a la moción parlamentaria y, cómo no, al proyecto de Gobierno.

Aún cuando es evidente que la propuesta liderada por la diputada Jiles posee importantes vicios en términos de cumplimiento de la institucionalidad, se le otorga la difícil misión al TC de pronunciarse acerca de su constitucionalidad con la inminente presión de la calle (de los nietos de la abuela), trance que tendería a solucionarse por la vía de declararse incompetente, ante la clara posibilidad de que el organismo sea eliminado del nuevo texto constitucional.

Influencia china en áreas estratégicas

Bastante espontánea fue la respuesta del Ministro de Energía consultado respecto del anuncio de adquisición de la eléctrica chilena CGE por parte de la empresa china State Grid, al aseverar que “los inversionistas confían en la institucionalidad y reglas del juego del país”.

En otro contexto, se podría aplaudir sin matices esta decisión estratégica del país. Sin embargo, analizando dicha compra con el correr de los días, han ido surgiendo algunas interrogantes acerca de los alcances de la transacción, así como de los nuevos socios, algunas de las cuales podrían incluso poner en entredicho el acuerdo entre ambos consorcios, a la luz del dictamen que deba pronunciar la Fiscalía Nacional Económica.

Para nadie puede ser un secreto que China, durante los últimos años, ha desarrollado una agresiva estrategia expansiva a nivel global, que, en el caso de Sudamérica, ha significado desde la referida adquisición de una serie de compañías de los más diversos ámbitos, hasta la donación de medios de defensa de uso múltiple (Bolivia), con el objeto de conseguir nuevos aliados y ampliar los mercados, cumpliendo de paso un propósito estratégico: ocupar espacios que ha dejado la retirada o el desinterés de Estados Unidos en la región.

Con todo, habrá que escuchar qué dicen muchos dirigentes políticos que frecuentemente critican que algunos recursos, especialmente estratégicos, hayan sido privatizados y hoy estén a punto de convertirse, en la práctica, en recursos estatales, pero de otro país.

Equipo de AN