El inicio del proceso de inoculación de la población hacía anticipar que el mes de febrero, por fin, sería propicio para que el Gobierno tuviera un respiro en la exigente agenda que ha tenido que afrontar desde octubre de 2019 hasta hoy. Sin embargo, un nuevo incremento en el accionar de grupos violentistas en la zona de la Araucanía, el explosivo aumento en el ingreso clandestino de migrantes venezolanos en el norte del país, como el incidente en que resultó muerto un malabarista en Panguipulli, demostrarían lo contrario.

Lo primero que es necesario señalar es que la crisis migratoria que hoy observamos en Colchane no es un fenómeno nuevo ni imprevisible. Hacia el inicio de la pandemia, y conforme se incrementaban las medidas restrictivas en nuestro país, y se cerraban las fronteras, un número importante de extranjeros que habían ingresado a Chile, tanto legal como ilegalmente, recurrieron a las autoridades consulares de sus países de origen como a las chilenas con el objeto de comenzar la “operación retorno”, lo que fue profusamente difundido por los medios de comunicación nacionales.

Bastante menos cobertura tuvo el vaticinio del Subsecretario del Interior respecto a que la situación migratoria podría constituirse en una crisis en la medida que quienes regresaron a sus países quisieran volver al nuestro, ahora acompañados de muchos de sus compatriotas, aprovechando la precariedad de la normativa chilena respecto del ingreso ilegal de extranjeros al territorio nacional, especialmente en lo referido al proceso de expulsión de aquellos. Era necesario entonces promover la pronta tramitación del proyecto de Ley de Migración y Extranjería elaborado y presentado por la primera administración de Piñera en julio de 2013, revitalizado con la presentación de indicaciones en 2018, y que se encontraba en segundo trámite constitucional en el Senado desde marzo de 2019.

A pesar de los esmerados esfuerzos del Ejecutivo por ratificar la nueva normativa, la presentación de un requerimiento por inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley por parte de parlamentarios del Frente Amplio, algunos de los cuales fueron acogidos por el Tribunal Constitucional, y que en definitiva no ha podido ser promulgada al menos hasta marzo próximo, ha dejado al Gobierno sin herramientas efectivas para frenar la actual ola de inmigrantes, especialmente venezolanos, que pretenden ingresar a Chile para autodenunciarse por entrar ilegalmente al país. Ello, para luego ser trasladados a residencias sanitarias, y esperar que se resuelva su expulsión, lo que habitualmente no ocurre, debido a que cuando deben ser notificados de aquel procedimiento no se encuentran ya que, evidentemente, han seguido camino al sur.

Claramente, esto tampoco es muy novedoso. El problema es que el método se ha divulgado masivamente y es una práctica común. Adicionalmente, se aprecia que los países vecinos tampoco han colaborado mucho en detener el flujo migratorio, situación que se asemeja bastante, guardando las proporciones, con el comportamiento que tenían las naciones centroamericanas y México ante las caravanas de migrantes con destino Estados Unidos, antes de que Trump prometiera asistencia financiera a aquellos países que fueran capaces de detener tales olas, y que, con el arribo de Biden han retomado vigencia.

Lo curioso de la actual crisis migratoria y que permite hacer cierta distinción con fenómenos anteriores, son las exigencias que plantean quienes ingresan ilegalmente al país. Desde tal perspectiva, se observa que la denominada autodenuncia es interpretada (interesadamente) por quienes llegan a Chile como sinónimo de que con ello se hacen adquirentes de una serie de derechos sociales y no como lo que es, el reconocimiento de que han ingresado de forma ilegal a nuestro país y que, a partir de ello, van a ser repatriados. En este sentido, no son pocas las denuncias de colchaninos, mayoritariamente aimaras, acerca de la apropiación indebida de sus propiedades y pertenencias por parte de los afuerinos.

Por ello, resulta especialmente cuestionable que organismos que promueven el respeto de los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, denuncien que los derechos de los migrantes están siendo conculcados y obvien la realidad que hoy deben enfrentar quienes ven cómo el pueblo en que habitan ha duplicado, de un día para otro, su población.

Las referencias y la constatación de que los derechos humanos de los migrantes han sido violados, que reafirman tales agrupaciones, parecen inexorablemente condenadas al establecimiento de campos de refugiados en nuestro país. Lo anterior va a suponer la configuración de un escenario completamente distinto al actual, ante el cual el Estado tendría que asumir una responsabilidad internacional superior y admitirlos con un estatus que no se condice evidentemente con el hecho de que han ingresado ilegalmente al territorio nacional.

Pero donde asoma la mayor contradicción de este fenómeno es que -a todas luces- no se ve que los que llegaron a Colchane estén huyendo de un peligro inminente (menos si se constata que han transitado por otros países y sus fronteras), factor que asoma como condición previa ineludible para catalogarlos como “refugiados”. A partir de ello, es que se puede presumir que la historia de lo que está ocurriendo en nuestra zona norte, solo lleva unos pocos primeros capítulos.

Equipo AN