Son los sentimientos más frecuentes de quienes se han visto afectados por la acción de grupos armados en la zona comprendida entre la provincia de Arauco, en la Región del Biobío y la Región de Los Ríos. El carácter de terroristas de tales atentados pareciera que sólo es negado por un puñado de dirigentes políticos y, por cierto, por quienes continúan justificando el empleo de la violencia para conseguir objetivos ajenos a cualquier agenda, como la autonomía, el autogobierno y la autodeterminación, que en definitiva no son más que pretensiones secesionistas.

El anuncio sobre la concurrencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a la zona en conflicto no generó demasiadas expectativas en la población de las Regiones del Biobío y La Araucanía. Se preveía que luego de reunirse en dependencias de las respectivas Intendencias regionales se anunciaría una nueva querella por parte del gobierno “en contra de quienes resulten responsables” de la serie de atentados que habían afectado en esta ocasión a predios en las zonas aledañas a Lautaro, Collipulli, e incluso a una obra en construcción en Temuco, así como cortes de caminos y ataques incendiarios en contra de camiones en distintos sectores de la ruta que une Cañete y Tirúa.

Sin embargo, el ministro Delgado arribó a la zona con un discurso político un tanto distante de lo obrado por sus predecesores a la hora de abordar el tema del “conflicto mapuche”. Replicando lo señalado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el sentido de condenar los atentados terroristas (sin recurrir al eufemismo de la “violencia rural”), anticipaba el impulso de una agenda legislativa y el llamado a todas las fuerzas políticas a buscar acuerdos para la solución del conflicto: nada nuevo.

La innovación vino de la mano del anuncio de que se realizarían patrullajes conjuntos entre fuerzas policiales y personal y medios de las Fuerzas Armadas, en un claro esfuerzo por satisfacer en parte a quienes propician el establecimiento del Estado de Sitio en las regiones del sur del país y la consecuente intervención militar en el área.

La respuesta no se hizo esperar. Aucán Huilcamán, conocido dirigente del “Consejo de Todas las Tierras”, anticipaba que la decisión del gobierno supondría la represión del Estado en contra del pueblo mapuche, a la vez que reivindicó la restitución de tierras a las comunidades indígenas.

Como ya hemos señalado anteriormente, el conflicto que se arrastra por décadas en la zona sur del país se ha territorializado. La entrega de tierras por parte del Estado, producto del establecimiento de la Ley Indígena en el primer lustro de los 90s, ha derivado en el establecimiento de enclaves en los que crecientemente el Estado se ha visto inhibido de intervenir. La pretensión de las agrupaciones violentistas, vinculadas con grupos del crimen organizado, tanto nacional como internacional, es liberar de la acción del Estado y de las empresas privadas la mayor parte de la zona comprendida desde la provincia de Arauco hacia el sur, con la clara intención de establecer una nación mapuche, además con una velada connotación racista, que pretende expulsar al huinca de la región y la evidente escisión del Estado chileno, situación que ninguna administración ha sido capaz de enfrentar como el gran problema que se debe resolver.

Es a partir de ello que el Estado debe utilizar toda la institucionalidad disponible para evitar que grupos que han demostrado que poseen la capacidad de atemorizar a la población consigan el objetivo político de obtener la secesión de la nación por la vía violenta, como de quienes promueven el establecimiento de un Estado Plurinacional, vía intermedia para conseguir el mismo fin, por la vía “pacífica”.

Adicionalmente, se anticipa la necesidad de que nuestro país, aprovechando el momento refundacional del que es y será objeto en el próximo año, defina claramente cuáles serán los ámbitos de intervención de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas en el futuro. Ante la situación descrita, se aprecia que la conformación de una unidad especializada en asuntos vinculados con la amenaza que representa el terrorismo y el crimen organizado puede constituirse en vital para la mantención del Estado, para lo cual se requerirá el concurso de todas las fuerzas políticas, superando los traumas del pasado.

Equipo AN