En lo que era una decisión inevitable, el Gobierno anunció la postergación de las elecciones planificadas para el fin de semana del 10 de abril. A pesar de que la decisión no ha sido fácil, sobre todo por el riesgo de que tal determinación sea interpretada como un subterfugio para obtener réditos políticos, el exitoso programa de vacunación no ha tenido los efectos esperados en términos de disminuir los contagios hasta el momento.

 

Con el anuncio presidencial de anoche, los comicios más importantes de los últimos años en nuestro país, no sólo por la cantidad de cargos y postulantes a elegir, sino también por el hecho de que en ellos se seleccionará a los redactores de una nueva Constitución que regirá los destinos del país en los próximos años, serán postergados debido a la presente alza de contagios de Covid-19.

Es evidente que el relajo que se ha producido en parte importante de la población en términos de la adopción de medidas sanitarias para evitar la expansión del virus, ya sea por agotamiento o por una falsa percepción de seguridad derivada del exitoso proceso de vacunación, ha sido uno de los factores gravitantes en el aumento de la circulación del Covid, en la denominada segunda ola.

Asimismo, queda en evidencia que el otorgamiento de permisos especiales para aprovechar el período estival y con ello iniciar una incipiente recuperación económica no fue una medida que haya sido asumida con responsabilidad por parte importante de la población y, desde tal perspectiva, constituye un claro error de las autoridades políticas respectivas, sobre todo en lo referido a disminuir el control de la movilidad de las personas.

En todo caso, cabe consignar también que conseguir el equilibrio perfecto entre las restricciones a la movilidad y la ansiada reactivación de la economía ha sido una ecuación que sólo algunos países han podido resolver con efectividad, por lo que no existe una receta única para contrarrestar los efectos de la pandemia a nivel global.

En cuanto al impacto político que pueda tener la postergación no está claro quién podrá verse beneficiado. Algunos analistas y personeros políticos han anticipado que la postergación de las elecciones podría ser perjudicial para la derecha en la medida que se auguraba un inminente triunfo, fundamentado en la escasa dispersión de votos que se observa en el sector, versus la división de las fuerzas de izquierda. Desde tal perspectiva, la dilación del proceso eleccionario permitiría perfilar de mejor forma a los candidatos de la oposición, aun cuando la inscripción de las listas es un hecho que no puede ser modificado.

Sin embargo, tal percepción sería cuestionable en la medida que no han sido pocos los personeros de izquierda que han manifestado su oposición a la postergación y han planteado que es necesario aprovechar tal evento para fustigar al Gobierno, haciendo ver que ello es un intento del Ejecutivo para postergar las elecciones indefinidamente, tal como habría señalado el presidente de la Democracia Cristiana, quien luego se apuró en tratar de desvirtuar sus dichos trascendidos a la prensa.

Con todo, la decisión del Consejo Asesor para la pandemia de aconsejar al Gobierno la postergación de los comicios, así como las recomendaciones del Colegio Médico, y la convocatoria a sesiones especiales del Congreso Nacional impulsaron al Presidente de la República a anunciar el envío de un proyecto de reforma constitucional que postergará las elecciones, en principio, por cinco semanas más, argumentando la imposibilidad de realizarlas debido a consideraciones sanitarias y al deber de cuidado de la salud de la población.

Indudablemente tal determinación tiene importantes costos, y supondrá la adopción de una serie de medidas de mitigación, pero debiera contar con un importante respaldo parlamentario que facilite su aprobación. Por de pronto, habrá que resolver qué ocurrirá con el desarrollo de las campañas políticas, en especial con la franja televisiva gratuita; definir la situación de los alcaldes suplentes; eventualmente postergar la asunción de los gobernadores regionales, especialmente si se requiere segunda vuelta; así como problemas logísticos que deberá resolver el Servicio Electoral, como el almacenamiento y custodia de los facsímiles de votos ya impresos, posibles dimisiones de vocales nombrados, entre otras.

Sin embargo, aún se desconoce el impacto que el aumento de restricciones a la movilidad (cuarentenas) tendrán en el desarrollo del proceso de vacunación, por lo que las elecciones bien podrían dilatarse incluso hasta junio del presente año.

Durante los siguientes días tendremos claridad sobre estos y otros aspectos, en momentos en que todo indica que los contagios seguirán en un alza sostenida, evidenciando que la población todavía no asume su importante cuota de responsabilidad en esta crisis sanitaria.

 

Equipo AN