Cuando aún resuenan las consecuencias políticas de la cuenta pública del Presidente de la República, y el gobierno hace denodados esfuerzos por contener la expansión de la pandemia, un grupo de convencionales anunció su pretensión de modificar las reglas del juego establecidas en la reforma constitucional que dio pie al establecimiento de la Convención. Todo ello se produjo en los momentos previos a una segunda vuelta en la elección de Gobernadores Regionales que, en la Región Metropolitana, bien podría ser indicativo del destino de la centroizquierda como del futuro de la elección presidencial de finales del presente año.

 

¡Traición, traición! Reclamaban algunos personeros oficialistas, específicamente de la UDI, al entrarse de boca del Presidente de la República, durante su cuenta anual, que el Ejecutivo pondría urgencia al proyecto de la anterior administración que establece el matrimonio igualitario, y que, en síntesis, les otorga tal categoría a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, en plena correspondencia con los derechos y deberes conyugales que se derivan de tal estado civil.

De inmediato se suscitaron una serie de interpretaciones respecto a cuál sería la intención del Mandatario al lanzar tan provocativo mensaje, que no había sido anunciado a los miembros del oficialismo y que sólo era conocido por un puñado de asesores presidenciales que “colaboraron” en la elaboración del discurso. No faltó quienes vieron en dicho gesto un guiño a la oposición ante la pronta discusión de la agenda de mínimos comunes. Empero, la opinión mayoritaria coincidió en que el Presidente buscaba de alguna forma pasarle la cuenta a los partidos que lo llevaron a La Moneda y que crecientemente lo habían abandonado, motivados por mociones de carácter populista, como el apoyo al retiro de fondos de los afiliados a AFP, entre otras varias.

Lo que nadie se explica es por qué bombardear a la UDI -a estas alturas el único partido que tiene una postura que podría caracterizarse como confesional respecto del matrimonio y las uniones civiles- así como a su candidato, conglomerado que, en general, ha sido el más reacio a apoyar proyectos con vicios de constitucionalidad, además de respaldar la agenda gubernamental.

Pareciera configurarse un dilema de difícil solución en la medida que las partes (UDI-Gobierno) se culpen mutuamente de quién abandonó primero a quién. Lo cierto es que la beligerancia entre ambos bandos está declarada: el partido de calle Suecia no parece dispuesto a avalar el accionar gubernamental a raja tabla, e incluso no duda en criticar al Ejecutivo cada vez que se presenta la oportunidad; mientras la presidencia pareciera desentenderse del apoyo que eventualmente puedan otorgarle los miembros de su conglomerado, como de la idea que respaldar a alguno de los candidatos del sector que se presentarán a las primarias de julio próximo.

Ante tal escenario, y como se ha anunciado, se prevé que la discusión acerca de la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia que presentará el Ejecutivo será particularmente complejo, anticipándose la posibilidad de que el Gobierno negocie con la oposición, lo que evidentemente significará modificaciones en el manejo de la pandemia y, probablemente, la concreción del cambio de gabinete, postergado luego del fracaso del oficialismo en las elecciones de mayo pasado.

En cuanto a la Convención Constitucional, la carta firmada por 34 convencionales, autoconvocados en la denominada “vocería de los pueblos”, en que argumentan poseer la potestad de obviar lo establecido en el “Acuerdo por la Paz”, del 15 de noviembre de 2019, no sólo evidencia la intención por modificar las reglas formalizadas en la reforma constitucional que dio origen precisamente al poder constituyente, sino que además tiende a fortalecer la idea de que tales actos, como los vinculados al estallido social, forman parte de un plan para destruir la institucionalidad, en que algunos de los electos incluso reconocen que estudiaron detalladamente la forma en que funciona el sistema electoral con el objeto de elegir a la mayor cantidad de convencionales, empleando por cierto las facilidades que el mismo sistema político estableció para favorecer a los presuntos “independientes”.

Favorablemente, la reacción de la mayor parte del espectro político en el sentido de rechazar la pretensión del referido grupo de incumbentes pareciera haber cerrado la puerta al primer intento por convertir a la Convención Constitucional en una asamblea legislativa, con poderes mayores a los convenidos constitucionalmente. Sin embargo, se anticipa que el empeño demostrado por “los 34” no quedará ahí. Con toda seguridad, una vez que se haya iniciado la labor constituyente, y en la medida que ella evolucione de una forma distinta a sus aspiraciones, podrían unirse a otras fuerzas representadas en el cónclave para entrampar las discusiones.

Una última reflexión respecto de la segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales. El triunfo de Claudio Orrego -o la derrota Karina Oliva- como quiera leerse, apoyado abiertamente por los precandidatos presidenciales de la derecha (aunque no quisiera), podría redundar en una derrota del mismo sector en noviembre próximo.

Y es que el posicionamiento que ha adquirido Yasna Provoste, producto del aprovechamiento de su visibilidad pública como Presidenta del Senado, así como el éxito del postulante democratacristiano, permitirían anticipar que en la papeleta presidencial se encontrarán José Antonio Kast, Joaquín Lavín, Jadue y la mismísima Senadora por Atacama.

Ante tal escenario, cada voto que pueda perder el postulante de la UDI producto de la presencia del “Republicano”, lo dejará más lejos de la segunda vuelta presidencial, potenciando que en ella se enfrenten la centroizquierda y la izquierda más extrema, dejando a la derecha “obligada” a votar (nuevamente) por el mal menor.

A pesar de que los historiadores insistan en que la historia no se repite, los chilenos parece que hacemos todos los esfuerzos porque así sea…

 

Equipo AN