El pasado 13 de diciembre del 2024 el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez publicó el Informe de Política Pública N°5, titulado “Denuncias de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que cumplen medidas de protección en el Servicio de Protección”
Dicho informe realiza un análisis de las denuncias que informaron los proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia durante los años 2021 y 2023, en relación con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra niños, niñas y adolescentes (NNA), mientras estos se encontraban en procesos de protección por parte del Estado. Dicho informe está desglosado por regiones, por tipos de delitos, tipos de agresores y bajo las líneas programáticas. Asimismo, realizó un análisis especial de las denuncias que identifican una eventual situación de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (ESNNA).
En la ilustración se exhibe que fueron identificados 17.118 menores de edad, a los cuales se les ha vulnerado sus derechos, en el año 2023, y estaban bajo la custodia o protección del Estado de Chile.
La Defensoría de los Derechos de la Niñez, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, fue creada mediante la Ley Nº21.067, promulgada en 22 de enero del 2018 y que entró en vigencia el 30 de junio del mismo año. (https://bcn.cl/24usr).
La Defensoría de los Derechos de la Niñez, tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y en su organización destaca el Observatorio de Derechos, el cual tiene su origen en la importancia de observar y hacer seguimiento a la situación de los derechos de NNA y con ello generar acciones y recomendaciones orientadas a garantizar su pleno ejercicio.
En ese contexto, fue emitido el informe que refleja cifras alarmantes y que no son un tema de contingencia y se encuentra, además, preocupantemente muy ausente de la discusión política y mediática. Hoy no vemos a parlamentarios llorando frente a las cámaras de televisión por el sufrimiento de los niños.
El título del presente artículo señala que en nuestro país se siguen vulnerando los derechos humanos de los menores de edad, ya que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia fue creado con el propósito de subsanar la total incompetencia del Sename.
Recordemos que la Policía de Investigaciones de Chile emitió un informe el 2017, a petición del fiscal regional de Los Lagos de ese entonces, Fiscal Marcos Emilfork, quien investigaba un total de 1313 muertes de menores de edad en centros del Sename entre los años 2005 y 2016.
El “Informe Emilfork”, realizado por un equipo multidisciplinario de la PDI, y publicado por CIPER en junio del 2019 (https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/informe-emilfork4.pdf), es un resumen de 270 páginas consignado en una publicación de 28 tomos, donde se detalla la investigación dentro de 240 hogares de menores a lo largo de todo Chile, y cuyos hallazgos fueron de tal relevancia que señala: “hicieron necesario dar cuenta de ello a las autoridades de gobierno competente, como conocimiento y evidencia útil para la eventual toma de decisiones”.
En sus conclusiones, el informe señala que “existe registro de hechos constitutivos de vulneración grave a los derechos de los NNA”.
Si consideramos que esa investigación data del 2005, y que los resultados expuestos en el presente Informe de Política Pública N°5, emitidos por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, son del 13 de diciembre del 2024, podemos inferir que el Estado de Chile ha violado sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su tutela en los últimos 20 años.
Con estos antecedentes, surge la pregunta: ¿Qué hacemos?
Desde la perspectiva del ciudadano común que solamente observa este desastre, y que en algún momento logra salir desde la burbuja de la realidad situada por los medios de comunicación y redes sociales, es hora de exigir a las autoridades, simplemente que hagan su trabajo. En el caso que no existan las herramientas suficientes, ya sean jurídicas o administrativas, el hecho de colocar este tema en el debate y particularmente en la contingencia, al menos crearía una presión mayor, lo que podría permitir el análisis de políticas públicas que brinden una solución concreta al problema, que se arrastra desde hace dos décadas.
El punto clave, es que el informe del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez debe masificarse y estar presente en todos los espacios de discusión pública, con tal que alguna vez y de forma fehaciente los niños estén primero, por sobre cualquier otra cosa.
Rodrigo Bravo Garrido
Investigador y escritor chileno, autor de libros de Ufología e Historia Militar Aeronáutica.