La tramitación del proyecto que creó el Ministerio de Seguridad Pública llegó a su fin ayer, convirtiendo finalmente en una realidad tras años de intensos debates.

Aunque la discusión sobre este tema se remonta a varias décadas, fue durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera cuando se dio inicio al debate formal, marcando un hito en la reconfiguración del sistema de seguridad en Chile.

Juan Ignacio Nicolossi, experto en seguridad que trabajó en el Ministerio de Interior en la anterior administración y profesor UANDES, entrega desafíos y oportunidades del nuevo ministerio:

Separación de funciones: “la creación del ministerio implica una clara distinción entre las tareas de seguridad pública, enfocadas en el orden público, la prevención del delito y la asistencia a víctimas, y las funciones políticas del Ministerio del Interior. Esta separación busca fortalecer la capacidad técnica y operativa de la administración de la seguridad en el país”, asegura el experto.

Regulación interna: “además de lo establecido por la ley en discusión, será necesario un decreto que norme el funcionamiento interno del ministerio. Este instrumento debe garantizar que su gestión sea técnica y eficiente, evitando conflictos de competencias y manteniendo el enfoque en los desafíos de seguridad nacional”, afirma Nicolossi.

Relación con autoridades regionales: “la creación de esta cartera plantea una discusión sobre la centralización versus la regionalización de decisiones en seguridad. Es fundamental que las policías respondan a un organismo técnico centralizado y no a los gobernadores, quienes tienen un rol político y de apoyo, pero no operativo, para evitar conflictos de competencias”, explica el académico.

Selección de personal: “el ministerio debe contar con un equipo técnico altamente especializado. Es imprescindible que los funcionarios profesionales sean seleccionados mediante concursos públicos y que los cargos directivos se designen a través del sistema de Alta Dirección Pública, garantizando un enfoque técnico y profesional en la toma de decisiones”, precisa.

Prioridades estratégicas: “entre las principales áreas de trabajo se encuentran el combate al crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el resguardo de fronteras, la ciberseguridad y la regulación de la seguridad privada. Estas temáticas requieren políticas a largo plazo, diseñadas desde un enfoque técnico que trascienda las ideologías de turno”, concluye el experto.

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