Hablar de inteligencia como concepto, es un término sumamente amplio, el cual debe ser analizado en su contexto y como lo que nos convoca se relaciona a la seguridad nacional, ámbito de defensa y cómo se puede intentar plantear una posición organizacional y operativa en Chile, que permita obtener un producto final llamado “inteligencia”, insumo necesario para la toma de decisiones.
Para lo anterior, es necesario revisar la Ley 19.974 y los puntos que al llevarlos al estrés operativo, podemos percatarnos que esta ley está hecha con falencias que saltan a la vista o hubo una intención de entregar una normativa legal, que merece mayor revisión para que permita trabajar en forma profesional con los recursos humanos y económicos necesarios, y entregar valor al conductor político, quien pueda evaluar los antecedentes y tomar las decisiones en forma informada y particularmente oportuna, considerando los alcances legales y políticos que puedan generar estas decisiones.
Ante lo anterior, cabe preguntarnos ¿Cómo estamos hoy?, y así también la siguiente pregunta se presenta naturalmente como ¿Cómo deberíamos estar o dónde deberíamos apuntar en lo funcional y operativo?
Aterrizando la condición de este término sensible “inteligencia” y si asociamos una consideración no menor como “agencia de…”, esto genera un resquemor social y político, ya que se asocia una historia no muy lejana (1970-1989), periodo de tiempo que asigno no en forma casual, ya que involucra una época que generó un importante impacto a la convivencia democrática de Chile, y que el uso de la inteligencia, fue asignado a terrorismo de Estado, abuso y condiciones de uso posiblemente reñidas con la ley, materia que no es parte de este análisis, pero si nos coloca en contexto por qué hoy tenemos una condición bastante precaria en lo referente al tema inteligencia
Ahora, para establecer una fecha de inicio de lo que sería nuestra actual ANI, esta tuvo un inicio a través del Decreto Presidencial N°363, que creaba el Consejo de Seguridad Publica y ya en 1993 mediante la Ley 19.212, se crea la Dirección de Seguridad Publica[1], como un servicio de inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior, y con la característica que estaba formada por civiles, separándola de las agencias de las Fuerzas Armadas (FFAA), remitiéndola a actividades solo asociadas a la seguridad interior y orden público.
Expresamente se asignó fuera de carácter NO operativo (error inicial), posteriormente con las reformas de 2004 y 2010, las agencias de inteligencia quedaron remitidas la DISPI, del Ministerio del Interior y las FFAA con el Estado Mayor de la Defensa Nacional que centralizó las 3 ramas de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, surge la necesidad de que la ANI pueda contar con otras fuentes de información, como por ejemplo; Aduanas, SII, UAF, y Gendarmería para complementar el análisis de riesgo en áreas como; Crimen Organizado, Terrorismo, Narcotráfico, Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, Ciberataques, y Protección Critica del Estado. Esto a través de la modificación que se ingresa al Congreso Nacional, para que se discutan estas modificaciones, además de las estructurales asociadas las personas que dirigen esta agencia, tales como Director, Subdirector (propuesto en la ley[2]) y el Consejo Directivo.
El año 2001, el Presidente de la República Don Ricardo Lagos Escobar, por medio de su mensaje presidencial al congreso (Mensaje 52-345 / Octubre 10 de 2001), envía los primeros lineamientos y alcances que debería tener la ley 19.974, y con una visión en la cual consideraba que los intereses de Chile, en materia de inteligencia, debían ser regulados, y propone un modelo que en su momento obedecía a las necesidades de la época, y riesgos acotados que mantenía el Estado de Chile.
Hoy esa perspectiva ha cambiado drásticamente, por lo que se requiere tener una herramienta regulatoria con fortaleza y más capacidades de gestión y recursos, tanto humanos y económicos, de tal forma entregar las variables de análisis e inteligencia que requieren hoy las nuevas amenazas y riesgos que afectan al país.
Otro aspecto relevante a considerar en las evaluaciones, no solo legales, sino también son las económicas, ya que al formar cualquier institución, empresa, emprendimiento e incluso un negocio pequeño, es de vital importancia los recursos financieros involucrados en el proyecto, ya que será la base de operación y el presupuesto asignado debe ser el adecuado para atender las necesidades operativas, que en lo particular requieren un importante aporte del Estado, para así lograr su misión.
Cabe preguntarse si realmente se desea una agencia operativa que pueda generar inteligencia y también revelar el nivel de especialistas y la rotación que pueda existir en el personal crítico, ya que se ha visto con experiencias en países desarrollados, que formar especialistas de inteligencia, en ocasiones puede llegar a 10 años, lo significativamente nos deja en una interrogante adicional, sobre ¿Cómo trabajaremos este tema, y cómo abordaremos los desafíos que pone el XXI sobre materias de inteligencia?
El artículo 8°, define como funciones de la ANI:
a) recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la República; b) elaborar informes periódicos de inteligencia; c) proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado; d) requerir de los organismos de inteligencia […] los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; e) requerir de los servicios del Estado los antecedentes e informes que estime necesarios; f) disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales; y g) disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes
Cuando se leen estas funciones, al ojo crítico del ciudadano común, es que la ANI no está funcionando, ni entregando el insumo necesario que permita al poder político tomar las decisiones debidamente informado, y si a esto damos una mirada junto al presupuesto asignado, claramente esta combinación no entrega lo resultados esperados.
Otro punto relevante a constatar son las reuniones que se han citado en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, básicamente entre 2014 y 2017 se realizaron 88 reuniones, siendo fracasadas 23 reuniones (26%) (Revista de Inteligencia Militar. Chile: consideraciones sobre el control civil de la inteligencia militar) y el 50% de los diputados no tenía relación alguna con temas relacionados a Seguridad y Defensa, lo que claramente deja en vista que la calidad de fiscalización era casi nula, ya que al existir diputados que no conocían en nada los temas relevantes, poco aportaban, y se ve demostrado en el 26% de la sesiones fracasadas, se explican por sí solas.
En el presente documento no solo se busca criticar una potencial falta de capacidades de la ANI, sino hacer ver que existen espacios de mejora y plantear un esquema de administración y consejos de control tanto de la institución como también de los directivos involucrados en las operaciones de ésta. Para esto iniciamos con un organigrama que puede entregar una estructura operativa capaz de producir inteligencia válida para ser entregada al poder político, y que permita tomar decisiones con la debida información útil, por ejemplo;
Junto con incorporar las modificaciones propuestas a la Ley 19.974, se agregan elementos que buscan mayor operabilidad a la ANI, entregándole las herramientas que permitan lograr un rol relevante, frente a los desafíos que demanda el actual escenario interno y externo, con amenazas y oportunidades.
En el organigrama presentado se agrega el Consejo Contralor de Operaciones, el cual tiene por objetivo, ser un contralor de las operaciones realizadas y que se cumplan con la legislación vigente y que las investigaciones realizadas sean con base a un interés nacional. Los integrantes propuestos, serían 1 Senador, 01 Diputado, 01 Delegado del Poder Judicial, 01 Delegado de la Contraloría General de la República, 01 Delegado Presidencial.
En términos comunicacionales, se crea un cargo de Oficial de Informaciones y Comunicaciones, quien tendrá el rol de ser el nexo entre la ANI y la prensa, de tal forma sea la única voz autorizada que transmita el mensaje que ha definido el Director ANI, en lo estratégico, legal y corporativo.
Operativamente se crean 6 departamentos en los cuales se busca especializar a los analistas en temas de inteligencia Interna, Exterior, Fraude Financiero, Operaciones Especiales, Ciberseguridad, e Investigaciones Terroristas, asignando recursos de cada institución tanto civiles como militares, además de considerar al mundo universitario, ya que en conjunto pueden aportar actualización de metodologías de análisis de acuerdo a la legislación nacional, e internacional.
Para lograr una operatividad real, se debe básicamente, definir qué es lo que busca el conductor político, qué requiere del insumo denominado “inteligencia”, ya que al tener los flujos de información y procesos que permitan recopilar, procesar, analizar, y producir el insumo final, que permitirá generar la toma de decisiones en forma eficiente, eficaz y oportuna. Entregará una capacidad de anticipación real, y reducir los riesgos o identificar oportunidades de accionar en forma precisa, disminuyendo los daños colaterales.
Al finalizar el presente documento, la situación actual se responde por sí sola (¿Cómo estamos hoy?), dados los acontecimientos de las últimas semanas, y que aún continúan desarrollándose, evidencian que la ANI de acuerdo a su actual configuración esta incapacitada para desarrollar y producir inteligencia que permita al conductor político o militar, tomar decisiones con una visión estratégica y operativa.
La actual condición en todo su esquema no permite adelantar o prospectar en forma proactiva acontecimientos que expongan la seguridad nacional externa o interna. Estos eventos exponen la fragilidad estratégica de nuestro país que, si bien ha logrado un importante crecimiento económico, no logra pasar un test de riesgo operacional, desde lo más básico hasta el más alto nivel de la estructura social de Chile.
La Agencia Nacional de Inteligencia, puede estar en un nivel avanzado en lo que a análisis de información, esto dado por la cercanía con potencias que pueden aportar experiencias y tecnología, el avance económico del país y reasignando presupuestos (actualmente cuestionados) de gastos reservados, entregan la autonomía que requiere y si agregamos el aporte del mundo civil para visualizar con otro prisma los acontecimientos, y análisis de información, resumido en la estructura propuesta (Diagrama Propuesta ANI Operacional – Diseño Propio (RJW), y finalmente agregando el elemento más importante, que es la “voluntad política” para tener definitivamente las herramientas que apoyan al conductor político en todo ámbito de acción, estos sean prospectando condiciones internas y externas, sobre todo bajo los nuevos escenarios que afectan a los países vecinos y que con un trabajo mancomunado podremos responder en forma eficiente, eficaz y principalmente oportuna.
Randy Jiménez Witker
Consultor – Asesor (e2analisis@gmail.com)
Ciberseguridad – Inteligencia Estratégica
MSc Dirección Financiera – UAI
MSc Ciencias Militares Gestión Estratégica de la Defensa– Acague
Ingeniero Industrial UTFSM
- [1] Historia de la Ley N° 19.212, https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7091/
- [2] Modernización del Sistema de Inteligencia con énfasis en la integración pública es respaldada por comisiones unidas de Defensa y Seguridad Pública, https://www.senado.cl/modernizacion-del-sistema-de-inteligencia-con-enfasis-en-la-integracion/senado/2019-03-18/091427.html
Concuerdo en gran medida con lo que se expone en el artículo. Es evidente que la ANI ha enfrentado serias dificultades desde su creación, en gran parte debido a la falta de recursos y especialización. Sin embargo, considero que, aunque la crítica es válida, no se debe perder de vista el contexto en el que opera la agencia. Es un hecho que la seguridad nacional es un ámbito extremadamente complejo, y reformar una institución como la ANI no es algo que se logre de un día para otro. Coincido en que una mayor profesionalización y supervisión independiente son pasos necesarios, pero creo que también se debe dar crédito a los esfuerzos que ya se han hecho, aunque sean insuficientes. La propuesta de un Consejo Contralor es interesante, pero me pregunto si esto realmente resolvería el problema de fondo o si solo sería una capa adicional de burocracia. En resumen, el artículo abre un debate importante, pero creo que también debemos equilibrar la crítica con el reconocimiento de los avances que, aunque pequeños, han ocurrido.